A más de un año, hoy más de 400 familias viven un drama social , ya que no cobran su jubilación patronal. Sin dinero sus vidas se han convertido en un calvario, ya que están a la deriva. Son personas de la tercera edad, con problemas físicos y complicaciones psicológicas.
¿Cuántos millones de ecuatorianos y turistas se deleitaron en algunos de los viajes en tren por paisajes de ensueño en el país?
Fredy Logroño Noboa , es uno de tantos afectados y coordinador de los ex ferroviarios de la provincia de Chimborazo, cantón Riobamba y Alausí, filiales de la Asociación Ferroviaria de jubilados (AFJ), a nivel nacional.
Fredy, junto a Luis Naranjo, coordinador de Alausí, entre otros afectados, han golpeado las puertas de las autoridades de la Empresa cerrada, los ministerios del ramo, "pero hemos sido tratados con indiferencia sin obtener una respuesta concreta", nos dicen.
En sus gestiones, todavía estériles y durante catorce meses, han muerto 30 de los afectados por diferentes problemas, además del económico.
Según algunos juristas, la decisión del gobierno es inconstitucional por tratarse de un bien patrimonial. En la Constitución de la República, art. 379 dados: “Los bienes patrimoniales del Estado son inalienables, inembargables e imprescriptibles”. Además en la Ley de Cultura, art. 54, literal e, se declara al ferrocarril como “Monumento Civil y Patrimonio Histórico, Testimonio y Simbólico” (Acuerdo del Ministerio de Cultura, abril de 2008).
Los ex trabajadores explican que la empresa cerrada “no ha respetado el derecho preferencial de primera clase que tenemos los jubilados desde el punto de vista humano y legal (art. 328 de la Constitución y 88 del Código de Trabajo), ni la Convención de Derechos Humanos ”. Agregan que “tampoco se han considerado las condiciones de muchas que pertenecen a la tercera edad, con enfermedades catastróficas y de alto riesgo , que es el único sustento que nos permite vivir; muchos de ellos se encuentran bajo protección de sus padres o familiares cercanos ”.
Aclaran que “no es justo que las autoridades del ferrocarril se encuentren al día” en el cobro de sus sueldos y los trabajadores no.
La psicóloga Katherine Cordovilla y la trabajadora social Andrea Bustillos, del Centro de Ayuda al Migrante, viajaron a Riobamba donde se reunieron con muchos afectados y evaluaron su situación. Cordovilla dijo que “la salud física y mental está afectada”. Explicó que identificaron “afectación en el estado de ánimo, presentan sueños interrumpidos, se despiertan con preocupaciones y cefalea; notables rasgos de ansiedad y depresión, con poca capacidad para afrontar crisis o dificultades con necesidad de ser contenidos en sus afectos y emociones ”.
Ante tal apremiante situación, la Fundación Familia sin Frontera y Cefamm, se solidarizan con los reclamos y dan apoyo legal. Otras instituciones también han dado su voz de alerta, para que se conozca que el ferrocarril, inaugurado el 25 de junio de 1908, con mil historias de vida y muerte de migrantes y varias generaciones no muera.
El próximo viernes 23 de julio a las 9h30, se reanudará la audiencia pública de juicio. La jueza Estefanía Viscarra Guerrero , citó a las partes involucradas, y en sus manos está el presente y futuro de los afectados.